En esta carta Pellegrini, da cuenta de la actividad que viene desarrollando en Santa Fe la gestión de la que forma parte en el Departamento de Salud Mental, para el cierre del Pabellón Psiquiátrico de Coronda; lucha que tiene como protagonistas a los compañeros de Ciudad Interna.
Adjuntamos, además, el documento que da cuenta del acuerdo que, a juicio de Pellegrini, permitiría en pocos meses “colocar” a su provincia en unas de la pocas en no tener ningún manicomio judicial.
Publicamos, a continuación de estos materiales, nuestra opinión sobre ellos, en disidencia con lo allí expresado.
CARTA
Estimado Gregorio:
He recorrido la red que propone caracoles, desde ya me ha parecido muy importante su difusión para visibilizar la existencia de un Estado violatorio, (estado de excepción dicen algunos filósofos), que lleva la crueldad a niveles insospechados para la sociedad bien pensante y que es uno de los analizadores más duros de nuestra cultura contemporánea.
Respecto a la situación provincial en Santa Fe y en lo que hace a nuestra actividad en el ámbito penitenciario (Departamentos de Salud Mental en la Cárceles y Equipo de Salud Mental del Pabellón Psiquiátrico de Coronda), desde que hemos logrado re instalar la Dirección Provincial de Salud Mental hace cuatro años y medio, coherente con el planteo que siempre hemos llevado a los Congresos de Madres, hemos intentado desarrollar en ese ámbito masa crítica que permita la concreción de modificaciones estructurales, conscientes de que los verdaderos manicomios actuales son las cárceles donde se cuantifica la criminalización de la pobreza, uno de los rostros más oscuros del capitalismo contemporáneo.
Así que uno de nuestros primeros gestos políticos desde de la DPSM en los inicios de nuestra gestión allí, fue la creación de un equipo interdisciplinario que ingresara al pabellón psiquiátrico de Coronda, a la sazón con casi cuarenta personas recluídas, sin asistencia de ninguna índole y viviendo en condiciones absolutamente deplorables e inhumanas.
Hemos dado cuenta en reiteradas oportunidades de la marcha plena de contradicciones y enormes dificultades encontradas en esa labor contracultural en ese espacio particularmente complejo, han dado testimonio en los Congresos no sólo compañeros trabajadores, sino personas externadas o en procesos de externación de ese lugar de privación de derechos, es más, uno de los compañeros que hoy forman parte de la Cooperativa Morada Productiva Limitada, cuyas Madrinas son las Madres, ha estado 18 años recluído allí, según él mismo lo ha relatado en algunos de los Congresos en que participara.
Hace años venimos trabajando para el cierre del llamado “Corralito”, luchando políticamente para lograr la sustitución de la lógica manicomial en ese ámbito, y existe a la fecha un acuerdo con decisión política respecto a la creación de un servicio de salud sustitutivo que no esté ni en la cárcel, ni en el hospital. Pero cargamos con que en ese lugar había casi veinte personas inimputables recluidas, hecho inadmisible a la fecha, y con un duro trabajo estamos reintegrando esas personas a dispositivos hospitalarios, trabajando caso por caso cada situación, reforzando los niveles de asistencia adecuados para cada uno. Este trabajo de años, se ve reforzado por el acuerdo político entre los tres ministerios involucrados para llevar adelante el proceso de cierre de este manicomio de espanto. Las cosas se han sucedido con un incremento brutal de las resistencias a ello de parte de diversos sectores, desde empleados hasta reclusos, sin dejar de lado las resistencias de las instituciones hospitalarias que deben reintegrar pacientes que en otro tiempo fueran expulsados hacia un sistema más manicomial: la cárcel. Esta segregación desde salud al penitenciario, no sólo se justifica en la tradicional verba manicomial, incluso se justifica con discursos supuestamente progresistas lo cual torna más dificultoso separar la paja del trigo.
Las amenazas y agresiones sufridas en estas últimas semanas, no nos han hecho retroceder ni un ápice, (como nos enseñara Don Fernando Ulloa, sin escándalos no hay verdaderas transformaciones), pensamos que obramos en el camino correcto, comprometidos en este trabajo clínico político, que no es más que la profundización de la política de sustitución de lógicas manicomiales que hemos estado llevando adelante todos estos años en la Colonia Oliveros, y que nos permitió el cierre de quinientas camas en poco más de una década de gestión. Estamos poniendo toda nuestra capacidad en esta difícil encrucijada, y asistiendo por primera vez a la posibilidad cierta de un acuerdo de cierre sostenido desde lugares claves de los distintos ministerios en cuestión, lo cual en el lapso de unos pocos meses nos colocará en ser una de las pocas provincias, si no la única, en no tener manicomio judicial, ni en sus hospitales ni en las cárceles. Ojalá podamos llegar al Congreso de este año pudiendo afirmar que hemos cerrado el lado más oscuro del manicomio.
Te envío el documento que firmaran los tres ministerios donde está palpable el acuerdo y la metodología que vienen posibilitando el cierre del pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, y que ha sido trabajado con la Corte Provincial y con la Cámara para allanar los caminos de la Justicia en la construcción de este devenir.
Como lo solicitas en tu mail breve y contundente, creemos que esta es una buena forma de acompañar a estos compañeros en sus búsquedas y luchas, sosteniendo nuestras diferencias y contradicciones, lo cual no es más que la vida misma y que en el horizonte futuro, no son otra cosa que la llama revolucionaria que nuestras Madres nos enseñan a sostener día a día con su incomparable ejemplo.
Un abrazo en la lucha y con el cariño de siempre.
Oscar Pellegrini
(coordinador provincial de abordajes territoriales de problemáticas subjetivo sociales, provincia de Santa Fe)
Rosario, 04 de agosto de 2008
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DOCUMENTO
Santa Fe, 23 de junio de 2008.
SR. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DR. ROBERTO FALISTOCCO
S / D
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Los que suscriben, Débora Ferrandini, Secretaria de Salud del Ministerio de Salud; Rosa Acosta, Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Leandro Corti, Secretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, nos dirigimos a Uds. a los fines de ponerlos en conocimiento del estado de situación que atraviesa el denominado “Pabellón Psiquiátrico” dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia que se encuentra emplazado en la Unidad Penitenciaria Nro. 1 “Instituto Correccional Modelo Dr. César R. Tabares” de la ciudad de Coronda de la Provincia de Santa Fe.-
Este dispositivo de internación para la asistencia clínica-psiquiátrica de personas con padecimientos en su salud mental fue creado el 11 de enero de 1985 por un convenio celebrado entre los Ministerios de Salud y Medio Ambiente y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.-
De acuerdo a lo estipulado se alojarían y asistirían en dicho espacio a personas declaradas jurídico-penalmente “inimputables” en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también, a aquellas personas consideradas penalmente “imputables” en situación de padecimientos en su salud mental.-
Sin excepción, todas la internaciones que allí se efectivizarían solo serían ordenadas o dispuestas judicialmente.-
Este lugar lleva más de 23 años de funcionamiento y en su devenir han existido múltiples proyectos e iniciativas gubernamentales de cierre definitivo como consecuencia de innumerables reclamos y solicitudes de organismos Nacionales e Internacionales, Gubernamentales y de Derechos Humanos, que han identificado situaciones de desasistencia clínica, ausencia de recursos humanos suficientes y capacitados, deplorables condiciones edilicias, hacinamiento y sobrepoblación.-
Entendemos que el alojamiento de ciudadanos declarados inimputables al interior de una institución carcelaria constituye una situación que tensiona las disposiciones legales que regulan los derechos fundamentales de las personas que requieren de un tratamiento clínico en lugares adecuados en el marco de una medida de seguridad dispuesta judicialmente.-
Al panorama antes descripto debe sumársele el agravamiento del cuadro de situación a partir de un incendio provocado por algunas personas alojadas en el Pabellón Psiquiátrico, ocurrido el 8 de mayo del corriente año, lo cual determinó la necesidad de reubicar a la mayoría de los pacientes en otras dependencias de la Unidad Penitenciaria Nro. 1, mientras se desarrollan las tareas básicas de reparación de los daños ocasionados.-
Es en este contexto, que el 23 de mayo de este año, se produjo la muerte de un paciente por ahorcamiento auto infligido, mientras se hallaba aislado en una celda individual.-
Tales episodios, nuevamente, pusieron de manifiesto que la internación psiquiátrica en semejante contexto es claramente ineficaz, no sólo como medida terapéutica, sino también, como medida de seguridad para las personas alojadas.-
La sumatoria de estas condiciones estructurales y circunstanciales determinan la necesidad de avocar todos los recursos del Sistema Público (y en especial las instituciones y recursos específicos de Salud Mental) para coadyuvar activamente a la resolución transitoria, en el menor tiempo posible, de esta gravísima situación.-
Las líneas de trabajo estratégicas ya en marcha, y acordadas intersectorialmente entre el Ministerio de Salud (representado por la Secretaría de Salud y la Dirección Provincial de Salud Mental); el Ministerio de Seguridad (representado por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y la Dirección General del Servicio Penitenciario) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (representado por la Secretaría de Derechos Humanos) prevén, entre otras acciones, el diseño y construcción de un Dispositivo Intensivo de Asistencia Clínico/Jurídica que sustituirá al actual Pabellón Psiquiátrico.-
Dicho proyecto requiere de un tiempo de concreción que, dada la gravedad y perentoriedad de la situación clínica y jurídica de los pacientes, no admitiría tal espera para resolver la situación planteada.-
Por tal razón, se ha puesto en marcha el siguiente “Protocolo de Intervención de Acciones Inmediatas”, el que sucintamente se puede traducir en las siguientes medidas, a saber:
1) Disponer los recursos y acciones necesarias para alojar y asistir a los pacientes declarados inimputables, en el menor tiempo posible, en instituciones de la red de Salud Pública.-
2) Disponer los recursos y acciones necesarias para asistir adecuadamente, dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se hallaban en el Pabellón Psiquiátrico.-
3) Conformar un equipo interdisciplinario que tome a su cargo la asistencia inmediata y la evaluación, caso por caso, de la estrategia terapéutica pertinente. Dicho equipo coordinará con profesionales designados, ad hoc, por las Direcciones de los Hospitales Mira y López, Agudo Ávila y Colonia Oliveros, acerca de la estrategia terapéutica a seguir, incluyendo lugar de alojamiento. Asimismo, se articularán dichas acciones con los Equipos de Fortalecimiento en Salud Mental de la red de Centros de Salud, de Rosario y Santa Fe y los Equipos de los Departamentos de Salud Mental en las Unidades Penitenciarias provinciales.-
4) Adecuar un espacio físico en la Colonia Siquiátrica de Oliveros, garantizando los recursos humanos necesarios para la creación de un dispositivo de alojamiento de aquellos pacientes declarados inimputables que requieran mayores condiciones de seguridad que las brindadas por las salas comunes de internación. Dicho dispositivo tendrá carácter transitorio, hasta que se concrete el Dispositivo de Asistencia Intensiva Clínico/Jurídica, sustitutivo definitivo del Pabellón Psiquiátrico.-
5) Desarrollar acciones tendientes a coordinar y lograr la cooperación de los actores institucionales competentes en la materia, y específicamente con el Poder Judicial, teniendo presente que las internaciones de personas en el Pabellón Psiquiátrico son dispuestas y ordenadas judicialmente.-
En función de lo precedentemente expuesto, entendemos, que para la efectiva implementación de las acciones tendientes a revertir definitivamente la situación planteada, será central el rol que asuman las autoridades judiciales que deban autorizar las derivaciones de los pacientes a otros efectores de salud Mental de la Provincia.-
Por tal razón, y ante la relevancia institucional que asumen las circunstancias del caso, solicitamos una audiencia formal con el objeto de analizar en conjunto los criterios de intervención a seguir.-
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atte.-